"Contra la Delincuencia, estamos contigo"

Crimen y castigo en  MÉXICO

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A este respecto cabe citar las palabras de un ex - Presidente de la República: “La sociedad está profunda y justificadamente agraviada … con toda razón se exaspera al comprobar que en muchos casos son los propios encargados de garantizar el orden y procurar la justicia quienes la atropellan. Arrastramos una fuerte desconfianza, muy justificada, hacia las instituciones, los programas y los responsables de la seguridad pública… Con toda franqueza reconozco que el retraso y la magnitud de este problema son graves; mucho muy graves” (Ernesto Zedillo, Primer Informe de Gobierno, 1995).

El país cuenta con una Procuraduría General de Justicia de la República y 32 Procuradurías locales; es decir, una por cada estado de la República más la del Distrito Federal. La primera se encarga de perseguir los delitos del fuero federal, las segundas los del fuero común. El desempeño de las procuradurías es también ampliamente cuestionado.

A partir de 1990, México cuenta con una legislación y un sistema público de defensa y protección de los Derechos Humanos a cargo de una Comisión Nacional y 32 comisiones locales. Hasta 1999 la mayor parte de las quejas que estas comisiones habían recibido, 46% del total, tenía que ver con la impartición de justicia.

Existen un total de 446 cárceles en México. En el 2000 contaban con una población de 155,000 internos, 22,000 de los cuales se encontraban presos en el Distrito Federal. Del total, aproximadamente la mitad son reos sin condena. El tráfico de drogas, la corrupción y la venta de servicios son frecuentes en las cárceles, siendo la extorsión de presos y familiares una de las violaciones más comunes. La sobrepoblación en las cárceles es del 40 % y su población creció 64 % durante la década de los noventa. La tasa de presos por 100 mil habitantes fue de 153 en el 2000. Las mujeres representan sólo 3 % de la población en prisión como ocurre en otros países con características similares a las que tiene México.

Por lo que se refiere a las instituciones donde se encuentran los menores de 18 años de edad que han cometido delitos, éstas recibieron un promedio anual de 30,000 menores durante el periodo de 1995 al 2000. La delincuencia entre menores no observa el mismo ritmo de crecimiento que la de los adultos, sino que crece más lentamente. En la Ciudad de México sólo uno de cada 100 delitos que se denuncian es cometido por un menor de edad.

En 1999 los delitos que con mayor frecuencia cometieron los menores en la Ciudad de México, fueron: robo 82 %; lesiones 5 %; delitos sexuales 4 %; daño en propiedad ajena 2 % y homicidio 2 %. Entre los 2,623 menores que fueron detenidos ese año en dicha Ciudad, 9 % fueron mujeres. Con casi 18 millones de habitantes, la zona metropolitana de la Ciudad de México es, después de Tokio, la segunda más poblada del mundo y en ella habita casi la quinta parte de la población total del país.

Se calcula que en el país existe un total aproximado de 320 mil policías tanto judiciales como preventivos. El nivel de formación y de especialización de la mayor parte de los policías es bajo. Así mismo, y a pesar de los esfuerzos realizados, no se ha logrado terminar con la corrupción, la impunidad, el abuso de poder y el uso innecesario de la fuerza. Policías y ex – policías han tomado parte en el crimen organizado, particularmente en el tráfico de drogas y en secuestros, por lo que existe un alto nivel de desconfianza pública hacia distintos cuerpos policíacos. Debido a esto, cada vez se ha involucrado más al ejército en las tareas relacionadas con la seguridad pública, lo que no ha conducido a una disminución de los abusos. Algunos militares han sido también acusados de proteger el tráfico de drogas y de cometer abusos graves en las zonas donde han sido enviados para controlar a movimientos subversivos, sobre todo en los estados de Chiapas y Guerrero. De hecho, más de 700 personas fueron ejecutadas durante la década de los noventa a causa de su filiación política.

A este respecto, después de su visita a México en noviembre de 1999, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Mary Robinson, afirmó que todavía queda un largo camino por recorrer para que la impunidad, los problemas de procuración de justicia, la exclusión de los grupos indígenas y los ataques contra los derechos humanos queden atrás. También señaló que las decisiones del poder judicial federal y local no gozan de autonomía plena.

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